Por otra parte también se presento otro proyecto para que se modifique desde el artículo 109 al 113, referidos al sistema educativo, donde planteamos, en primer lugar, la concepción de la educación como un derecho social. No es un servicio. No es una mercancía. No es algo que se puede comprar y se puede vender. Sino que tiene que ser un derecho y tiene un responsable indelegable que es el Estado de la provincia. El Estado debe garantizar el derecho social a la educación ¿Cómo? Lo debe garantizar con recursos para los estudiantes y para los trabajadores. Debe haber garantías salariales, laborales, previsionales, etc. Debe garantizar la obligatoriedad tanto del nivel inicial, como del nivel primario, secundario. Debe garantizar también, contenidos transversales como la educación sexual integral, la educación bilingüe. Y sobre todas las cosas, planteamos claramente, que debe respetar el ámbito paritario. Todo esto debe ser parte de la letra de la Constitución.
También planteamos en estas modificatorias, la creación del Consejo de Educación Provincial, que es el órgano de gobierno donde deben discutirse las políticas educativas, con la participación de todas las voces. Y cuando hablamos de todas las voces, estamos hablando del Poder Ejecutivo, sí por supuesto, pero también de los representantes de los trabajadores, los representantes de los estudiantes y los representantes de la comunidad educativa.
